Durante la conformación de la primera Mesa Regional de Inversiones en la Región del Biobío, el biministro Daniel Mas enfatizó que la reactivación laboral del país depende directamente de la llegada de capitales productivos, señalando enfáticamente que “los empleos no se crean por decreto, se crean generando inversión”. La nueva instancia público-privada tiene como objetivo central elaborar un catastro detallado de las iniciativas privadas y públicas paralizadas o postergadas, acelerando su tramitación para dinamizar el mercado de trabajo regional e impulsar el crecimiento económico en el sur de Chile.
La Mesa Regional de Inversiones en Biobío y su impacto económico
La constitución de esta primera Mesa Regional de Inversiones marca un hito en la estrategia de descentralización y dinamización de la economía chilena. Celebrada en Concepción con la presencia de autoridades del Ministerio de Economía, Hacienda, el Gobierno Regional del Biobío, gremios empresariales y representantes laborales, la iniciativa busca abordar las brechas burocráticas que frenan el desarrollo productivo en la zona.
La Región del Biobío atraviesa una coyuntura económica compleja, condicionada por la reconversión industrial tras el cierre de la siderúrgica Huachipato y los desafíos estructurales en sectores históricos como el forestal y la pesca. En este escenario, el plan gubernamental apunta a consolidar un portafolio prioritario de inversión que supere los 2.500 millones de dólares en los próximos tres años, focalizado en proyectos de alta capacidad generadora de puestos de trabajo directos e indirectos.
"Los empleos no se crean por decreto": El diagnóstico del Biministro
La frase pronunciada por el biministro Daniel Mas refleja una postura clara respecto al rol del Estado y del sector privado en la economía nacional. De acuerdo con la autoridad, las políticas públicas deben centrarse en crear las condiciones habilitantes, dar certeza jurídica y reducir los tiempos de tramitación, en lugar de intentar forzar la contratación mediante regulaciones impositivas o administrativas.
“Los empleos no se crean por decreto, se crean generando inversión. Nuestra tarea como Gobierno es remover las trabas innecesarias, otorgar certeza y coordinar a los servicios públicos para que cada proyecto viable se materialice lo antes posible en beneficio de las familias de la región”, sostuvo el biministro Daniel Mas.
El diagnóstico compartido por los asistentes a la mesa negociadora radica en que decenas de iniciativas privadas permanecen entrampadas en procesos de evaluación de impacto ambiental, concesiones marítimas y permisos sectoriales. A través de este nuevo espacio de trabajo, los servicios públicos regionales tendrán plazos acotados para resolver observaciones y agilizar pronunciamientos sin rebajar los estándares normativos.
Proyectos clave y catastro de oportunidades en la Región del Biobío
El primer cometido de la Mesa Regional de Inversiones consiste en consolidar un catastro unificado de proyectos. La meta prioritaria es priorizar aquellas obras e iniciativas que puedan iniciar su etapa de construcción o ejecución durante el presente ejercicio presupuestario y el próximo año 2025.
Sectores estratégicos para la reactivación del empleo
- Energías Renovables e Hidrógeno Verde: Proyectos eólicos y fotovoltaicos en comunas como Los Ángeles y Mulchén, además de estudios para infraestructura de exportación limpia en el cordón portuario.
- Infraestructura Logística y Portuaria: Modernización y ampliación de los terminales de San Vicente, Talcahuano y Coronel, clave para el comercio exterior y el transporte de carga global.
- Sector Agroindustrial y Forestal: Fomento a la tecnología de procesamiento de madera con mayor valor agregado y proyectos de riego tecnificado para la cuenca del Biobío.
- Obras Públicas y Vialidad: Aceleración de concesiones viales clave, como la ruta Pie de Monte y los accesos a los puentes sobre el río Biobío para descongestionar el tráfico industrial.
Superando la permisología: Un plan de gestión eficiente
Uno de los temas recurrentes abordados en la jornada fue el fenómeno de la denominada "permisología", entendida como el exceso de trámites y la lentitud administrativa que desincentiva la llegada de capitales extranjeros y nacionales. La Región del Biobío posee un historial industrial significativo, pero la pérdida de competitividad ha encendido las alarmas de gremios como la Cámara de la Construcción (CChC) y la CPC Biobío.
Para responder a este desafío, la Mesa de Inversiones implementará un sistema de seguimiento digitalizado de permisos. Este mecanismo permitirá identificar en tiempo real en qué repartición pública se encuentra detenido un expediente, ya sea el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Dirección General de Aguas (DGA) o el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).
A través de reuniones mensuales de fiscalización, los seremis regionales y los directores de servicios deberán rendir cuentas sobre los avances en la resolución de permisos, fijando un calendario de tramitación ágil con metas cuantificables.
Perspectivas laborales para Biobío y la economía nacional
La tasa de desempleo en la Región del Biobío se ha mantenido históricamente por encima de la media nacional, rozando cifras cercanas al 9% en los últimos trimestres analizados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La reactivación de la inversión productiva se posiciona así como la herramienta indispensable para revertir la informalidad laboral y absorber la mano de obra calificada que ha quedado disponible.
Economistas y analistas de la zona valoraron positivamente el enfoque práctico de la instancia. Se estima que por cada 100 millones de dólares invertidos en infraestructura o energía se generan entre 800 y 1.200 empleos directos durante la fase de construcción, sumados a un importante encadenamiento productivo con proveedores locales de servicios, alimentación y transporte.
Con la conformación de esta mesa, la Región del Biobío se convierte en el plan piloto para la réplica de este modelo de gestión de inversiones en otras regiones del país, consolidando un marco de cooperación donde el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo formales caminan de la mano de la gestión pública eficiente.
