Una jornada de alta tensión se vivió en la Ciudad de México luego de que una movilización de normalistas y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa derivara en fuertes enfrentamientos con elementos de la policía capitalina. El saldo preliminar reporta varios elementos de seguridad y manifestantes lesionados, además de daños a infraestructuras públicas provocados por el lanzamiento de petardos, piedras y el uso de gas por parte de las fuerzas de contención.
Enfrentamientos en la marcha de Ayotzinapa: ¿Qué ocurrió en CDMX?
La movilización, convocada por los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y los padres de las víctimas, inició de manera pacífica con el objetivo de exigir avances concretos en la investigación del caso ocurrido en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Sin embargo, al aproximarse a las inmediaciones de los cercos de seguridad gubernamentales, la situación escaló con rapidez.
Grupos con el rostro cubierto comenzaron a derribar vallas metálicas instaladas para resguardar recintos oficiales. En respuesta, cientos de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, equipados con cascos, escudos antidisturbios y extintores, formaron vallas de contención para frenar el paso de los manifestantes hacia puntos estratégicos.
Durante más de dos horas se registraron intensos intercambios en los que se detonaron artefactos caseros y petardos de alto impacto contra las líneas policiales. Los cuerpos de seguridad emplearon extintores para disipar las bombas de humo y dispersar a los grupos más confrontativos, generando escenas de pánico entre transeúntes y comerciantes de la zona centro.
"A más de una década de la desaparición de nuestros 43 compañeros, la respuesta del Estado sigue siendo el cerco y el silencio. No nos vamos a cansar de exigir que se entreguen todos los folios militares pendientes", declaró uno de los voceros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).
El reclamo central: Los 800 folios militares y la impunidad
El trasfondo de esta protesta responde al estancamiento de las indagatorias oficiales y la persistente demanda de las familias hacia la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). A pesar de los informes emitidos por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y el extinto Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los familiares insisten en que el Ejército mexicano oculta información crucial sobre el paradero de los jóvenes.
Entre los principales puntos exigidos durante la jornada destacan:
- Entrega de los 800 folios de inteligencia militar: Documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia que registraron comunicaciones en tiempo real la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
- Extradición de Tomás Zerón de Lucio: Exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, actualmente radicado en Israel, señalado por presunta tortura y manipulación de pruebas en la creación de la desmentida "Verdad Histórica".
- Celeridad en las órdenes de aprehensión: Ejecución inmediata de órdenes pendientes contra mandos policiales, militares y funcionarios ministeriales vinculados a la red de encubrimiento.
- Apertura total de los cuarteles: Acceso irrestricto y sin reservas a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala.
Impacto en la seguridad y saldo de los disturbios
Los servicios de emergencia médica y ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron atención inmediata en el lugar a varios efectivos policiales que resultaron con contusiones, quemaduras por pirotecnia y heridas causadas por esquirlas. Asimismo, diversos manifestantes recibieron primeros auxilios tras sufrir intoxicaciones menores por gases y golpes durante las maniobras de repliegue.
Afectaciones viales y comercios cerrados
El operativo de seguridad provocó el cierre total de importantes arterias del centro histórico y zonas aledañas, afectando el tránsito vehicular sobre Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas. Decenas de locales comerciales y sucursales bancarias bajaron sus cortinas de emergencia para prevenir saqueos o daños en sus fachadas.
El desafío político para el Gobierno federal
La reanudación de los choques violentos en las calles de la capital mexicana subraya el enorme desgaste en la relación entre el movimiento de Ayotzinapa y las autoridades federales. La administración actual enfrenta la presión de destrabar un caso emblemático que ha marcado la política de derechos humanos en México durante la última década.
Aunque el Gobierno federal ha reiterado su compromiso de continuar con la búsqueda y no cerrar el caso, los colectivos de derechos humanos y las familias advierten que las manifestaciones continuarán escalando si no se presentan pruebas periciales concluyentes y avances judiciales reales contra los mandos militares señalados en los informes periciales independientes.
